Recientemente, tuvimos el privilegio de participar en una fascinante charla en línea organizada por el PNUD y abierta a interesados en Venezuela. La discusión se centraba en los avances de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, un tema que ha estado en el centro del escenario internacional desde 2011, cuando la ONU comenzó a trazar el camino hacia un proyecto obligatorio.
Durante este recorrido, nos encontramos con obstáculos fundamentales que han obstaculizado el progreso de este proyecto:
La incapacidad para definir la naturaleza específica de los actores empresariales en relación con la toma de decisiones en derechos humanos. Los principios fueron diseñados inicialmente para incorporar a individuos y Estados únicamente, lo que plantea desafíos significativos al intentar involucrar a las empresas de manera efectiva.
La naturaleza voluntaria para los Estados de unirse a una legislación que limita sus propias capacidades, especialmente en un contexto donde los actores no estatales están ganando poder rápidamente.
La existencia de lo que Jason Karp ha llamado "Estados malos": aquellos Estados que, en lugar de proteger los derechos humanos y sancionar a los infractores, a veces se benefician de la violencia y los conflictos, especialmente en términos económicos.
Además, hay situaciones preocupantes que merecen nuestra reflexión, como la eliminación de empresas en entornos políticos poco democráticos. Estas acciones no solo afectan a los actores económicos, sino también a los valores y derechos que garantizan. Cuando un país elimina su sector privado, limita las opciones laborales de su población a cambio de su sujeción ideológica, negando así las libertades que antes se podían ejercer desde la esfera privada.
En este contexto de obligaciones ambiguas y crecientes demandas sociales, es esencial que tanto las empresas como los Estados trabajen juntos para crear una legislación transparente que promueva la transparencia y evite daños a los derechos humanos. Además, es crucial establecer niveles claros de responsabilidad para todas las partes involucradas.
Las empresas deben mirar hacia adentro y analizar cuidadosamente cada parte de su cadena de producción. Deben establecer directrices a nivel individual, sectorial y gremial que abarquen todo el espectro del "daño probable". Esta introspección es fundamental para desarrollar políticas empresariales que eviten riesgos y demuestren un compromiso real.
Para ayudar a tu empresa a integrar este marco político en su cadena de valor, aquí te dejamos cuatro recomendaciones:
Expande la responsabilidad: Asegúrate de que todos los niveles de tu organización estén comprometidos en vigilar tu cadena de daño. La responsabilidad no puede recaer únicamente en un líder o una división.
Capacita, capacita, capacita: Mantén a tu organización al tanto de los avances legales y las políticas públicas en este ámbito. Además, desarrolla protocolos de respuesta frente a posibles riesgos y amenazas de daño.
Análisis exhaustivo: Examina detenidamente toda la cadena de daño probable de tu actividad. Este estudio debe involucrar todas las etapas de la producción y puede revelar aspectos que no habías considerado, evitando así problemas futuros.
Personaliza tus políticas: Cada caso es único. Crea un mapa detallado de políticas organizacionales que se adapten específicamente a las necesidades y desafíos de tu empresa.
En este viaje hacia la integración efectiva de los derechos humanos en el tejido empresarial, el compromiso y la atención a los detalles son clave. Al trabajar juntos en la creación de un entorno donde los derechos humanos sean respetados y protegidos, estamos dando pasos significativos hacia un futuro más ético y sostenible.
Gracias por leer.
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