No hay que caer en engaños al creer que las condiciones y obstáculos que imponen algunas pautas internacionales para alcanzar fondos de financiamiento por el camino de la cooperación para el desarrollo son algo nuevo (no hay almuerzo gratis, decía mi abuela). Lo novedoso es el diseño condicionado por la garantía de aspectos cuya legitimidad parece incuestionable, pero cuya aplicabilidad queda sujeta a distintos grados de interpretación.
Derechos Humanos, democracia y garantías de buen gobierno son conceptos de libre interpretación en el manejo de la política mundial que sirven para etiquetar a Estados, establecer mecanismos nuevos de intervención al libre comercio y, sobre todo, para determinar el tipo de desarrollo que se pretende de cada cual. En los últimos años hemos visto crecer la condicionalidad inherente a temas de cuidado ambiental y a las diferentes agendas de inclusión: género, orientación sexual y minorías en términos generales.
De nuevo no hay que llamarse a engaño, todos los países regulan (y deben regular) el financiamiento externo y en particular, aquel que se traza por vías no bancarías o de inversión no tradicional. Pero existe una línea muy fina entre el control de fondos irregulares o de origen dudoso, a la relación de supervisión ideológica disfrazada de protección soberana y custodia de derechos fundamentales, por ejemplo. La libre interpretación vestida de post verdad puede generar tantas versiones de estos conceptos como países existen.
En este nuevo orden mundial caracterizado por la errática conceptualización de globalización, todos los retos del desarrollo están indiscutiblemente vinculados a lo internacional y, en consecuencia, la naturaleza de las respuestas debe ser coordinada en ese nivel. Medio ambiente, energía, retos de vivienda, salud pública, por nombrar algunas de las metas de la agenda de desarrollo 2030, poseen aspectos con externalidades transfronterizas cuyo cumplimiento es imposible sino se generan y aprovechan oportunidades en conjunto.
Esa nueva realidad captura la atención de innumerables agencias que deben lidiar día a día con expectativas de cumplimiento reinterpretadas y redimensionadas desde la esfera política internacional para poder encajar proyectos, subvenciones y/o alcance a los fondos disponibles. En el caso de países como el nuestro, paria del sistema político internacional de occidente, esta situación se torna aún más compleja cuando la recepción de los fondos también se observa con matices de agenda política.
Los sesenta años de cooperación internacional deja un balance poco halagüeño. Muchos recursos han sido desaprovechados, muchas estrategias han naufragado en el tsunami de los intereses políticos y los resultados palpables son ahora revisados bajo la óptica de la dificultad para canalizar fondos. Es indiscutible que el esfuerzo valido realizado en los años anteriores ha servido para configurar los objetivos del futuro; sin embargo, la estrategia de consolidación de esos objetivos para TODOS los Estados, aún no se vislumbra.
Vale preguntar, ¿en qué debería convertirse la cooperación? Y, ¿de qué modo están llamados a participar todos los actores, en busca de esos intereses comunes? Ciertamente, no puede seguir siendo un club de donantes de países ricos hacia países pobres, ni tampoco una estrategia para el rediseño de las áreas de conflicto que molestan a un lado del mundo. Sin embargo, la desconfianza creciente entre los Estados receptores y los condicionantes impuestos por los donantes alejan cada vez más la posibilidad de encontrar resultados visibles y comunes.
La llamada cooperación norte – sur que coloca un grado de optimismo en el futuro del sistema ha sido percibida como una confrontación de principios lo cual tampoco ayuda a mejorar la lentitud del sistema y sus otras críticas. Sin embargo, la sola mención del cambio de percepción de las formas de ayudas y de los países donantes constituye una luz para el sistema en general.
En Venezuela, las oportunidades de cooperación han mermado en los últimos años debido a la imposición de sanciones que impiden ejecutar fondos de esa vía a través de organizaciones gubernamentales. Por otra parte, los fondos del Estado destinado a estrategias de modernización y desarrollo también se han visto menguadas, prohibidas o simplemente politizadas. Quedan aún en el terreno algunas, organismos de las Naciones Unidas que todavía conservan programas de apoyo y gestión, algunos fondos privados donados a través de programas específicos de algunas Embajadas y las donaciones que aún sostienen programas tan relevantes como Fe y Alegría, por ejemplo.
El Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, por el Congreso Nacional, terminará por eliminar estas últimas posibilidades. Esto debido a que la sujeción al control y fiscalización de la actuación de organismos no gubernamentales acabará por alejar la ya mermada fluidez de recursos para el apoyo de programas en el país, los cuales ya tienen que lidiar con obstáculos como la gestión de cuentas en moneda extranjera, la aprobación de la capacidad de ejecución por organismos fiscales y/o la imposibilidad de generar programas en las condiciones económicas del Venezuela.
Uno de los aspectos del proyecto que más preocupaciones suscita son las atribuciones que le confiere al Ejecutivo Nacional, especialmente la facultad de implementar mecanismos de control que permitan supervisar y sancionar las “desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional” (artículo 13). Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia. Teniendo en cuenta el discurso de distintas autoridades gubernamentales, de las cuales la Misión ha tomado nota, ciertas organizaciones defensoras de los derechos humanos que recurren a instancias internacionales de derechos humanos o que reciben financiamiento extranjero podrían verse expuestas a sanciones por supuestamente comprometer la soberanía nacional.
Comunicado de prensa de las Naciones Unidas: Venezuela: El proyecto de ley sobre las ONG, un posible punto de no retorno en el cierre del espacio cívico. 30 de enero 2023.
La cooperación pierde su eje y trastoca su impacto cuando la agenda política se vale de ella para aparecer. En estos momentos, en nuestro país hay que procurar activar campañas que defiendan los programas en marcha y todos aquellos fondos destinados a paliar la situación del país, exponiendo la importancia de la estrategia y capacitando a todos los entes públicos y privados en el aprovechamiento de los fondos (los cuales en ocasiones se pierden sin ejecución por desconocimiento), así como de la importancia del cuidado de la gestión en momentos de control político y social.
Ayuda Financiera: Es toda transferencia concedida bajo la forma de subvenciones o créditos concesionales para la financiación de actividades orientadas al desarrollo del país receptor. Puede tener la forma de recursos financieros o de contenidos reales —mercancías y servicios— transferidos desde los países donantes a los beneficiarios. Se canaliza a través de los proyectos y los programas.
Ayuda Técnica: Es la transferencia de conocimientos técnicos al país receptor para contribuir a su desarrollo. Ocupa el segundo lugar en importancia, tras la ayuda financiera. Habitualmente ha tenido cuatro componentes:
— Suministro de expertos y asesores.
— Formación general y profesional.
— Suministro de material y equipamiento para los componentes anteriores.
— Actividades de preinversión como identificación de recursos y orientación de las inversiones.
Ayuda Alimentaria: Es la aportación de productos alimentarios a países necesitados con el fin de potenciar su abastecimiento y garantizar su seguridad alimentaria. Se transfiere tal cual, o bien en el marco de un proyecto de desarrollo concreto.
Ayuda Humanitaria: Es la que se dedica a situaciones de emergencia causadas por catástrofes naturales, conflictos internos o internacionales con desplazamientos poblacionales a gran escala, hambrunas, epidemias, etc., combinadas con instituciones sociales, económicas y políticas frágiles o deficientes. En los últimos años, el gasto en ayuda humanitaria ha tenido un ascenso creciente en las cifras de desembolso bilateral de los países desarrollados, quienes incluyen también el gasto para el mantenimiento y restablecimiento de la paz.
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